Texto y fotografías: Bernardo Torres
Chichihualco, Gro. 11 noviembre 2019.- Que el Gobierno Estatal y Federal les garanticen la paz y seguridad para regresar a sus comunidades, exigieron familias desplazadas por la violencia durante una marcha que realizaron en Chichihualco, al cumplirse un año de su desplazamiento.
En la movilización participaron las familias de las nueve comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, así como los desplazados de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala ocho días antes, quienes piden una reubicación definitiva.
Al grito de «Los desplazados viven, la lucha sigue», un centenar de personas, entre niños, adultos y adultos mayores, marcharon de la entrada de la cabecera hacia el Ayuntamiento, en un recorrido de más de tres kilómetros en dos horas aproximadamente.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», en la cabecera de Leonardo Bravo permenecen sólo 62 familias de la Sierra y siete de Tlaltempanapa, 20 se encuentran en Estados Unidos realizando el trámite para un posible asilo político, mientras otras se dispersaron hacia diferentes lugares del estado.
Recordaron que el 16 de noviembre, cinco días después del desplazamiento, el Gobierno de Guerrero les manifestó que había condiciones para el regreso a sus comunidades y dispuso de vehículos para el traslado, sin embargo fueron recibidos a balazos en la comunidad de Los Morros, con lo que se disolvió la esperanza de volver.
Días después, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, definitivamente se deslindó de la problemática, al declarar que era competencia del Gobierno Federal restablecer el orden, y que sería la Guardia Nacional quien pudiera tomar el control de la seguridad en la zona.
Ante el desdén, un grupo de desplazados se trasladó a la Ciudad de México, y permanecieron plantados durante 38 días, regresando a Chichihualco con sólo promesas, y con la pérdida de uno de sus compañeros, don Francisco Barragán Nava, quien perdió la vida tras permanecer 15 días internado en un hospital.
A 365 días del desplazamiento forzado, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández indicó que las familias están desesperadas al no poder regresar a sus comunidades, resistiendo al intento del gobierno de aislarlos de su asesoría para evadir sus responsabilidades y compromisos asentados en minutas.
Asimismo dijo, los desplazados se encuentran en estos momentos en la incertidumbre, en cuanto a la probabilidad de no recibir más los apoyos para alimentación y pago de renta, ante la ausencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien debe autorizar la asignación de los recursos.
Se mantienen en la exigencia de que se cumpla con el repliegue del grupo armado que provocó el desplazamiento, saqueó y hoy ocupa sus viviendas; la instalación de un perímetro de seguridad entre los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo y que el Gobierno Federal tome el control del corredor Casa Verde-Corralitos-Polixtepec.
En el caso de los desplazados de Tlaltempanapa, existe el compromiso de reubicarlos, que se les repongan las pérdidas que han tenido al abandonar sus hogares y que además se garantice una investigación para que se castigue a los responsables de la violencia y garantías de no repetición.