Texto: Jesús Saavedra
Fotografías: Alberto Gomez
Chilpancingo, Gro. 12 noviembre 2019.- La fracción
mayoritaria de Morena en el Congreso del Estado no logró reunir los votos
necesarios para hacer un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que
realice una investigación exhaustiva a presuntas anomalías de corrupción en la
construcción de mil 100 viviendas en el Fraccionamiento Nuevo Mirador donde
fueron reubicados damnificados por las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre
del 2013.
Este martes los legisladores de Morena, Norma Otilia
Hernández Martínez, Blanca Selene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis
Enrique Ríos Saucedo subieron a tribuna una propuesta de punto de acuerdo para
realizar un exhorto a la Secretaría en mención, pero no obtuvieron los votos
necesarios para que el asunto fuese considerado de urgente y obvia resolución,
por lo que fue turnada a Comisiones.
La legisladora Norma Otilia Hernández subió a tribuna para
dar lectura a esa propuesta, en la que en síntesis sostenía que los millonarios
recursos que se destinaron a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (Sedatu) a la construcción de ese Mirador con mil 100
viviendas, fueron malversados y que a pesar de que se había dicho que habría
escuelas, hospitales y centros recreativos, sólo hay edificios mal construidos
y en severa precariedad.
La legisladora de Morena dijo que a pesar de que los terrenos
donde se construyó el Fraccionamiento «eran inestables, irregulares y no
eran aptos para la construcción, lo que indica que la Sedatu, adquirió los
terrenos sin contar con un estudio ambiental, además a un costo superior de su
valor real; pues por tres hectáreas pagó más de 30 millones de pesos”.
Hernández Martínez, dijo que quien fuera delegado de Sedatu,
José Manuel Armenta Tello informó en su momento que cada casa tuvo un
costo de 190 mil pesos, 120 mil en construcción y 70 mil en la introducción de
los servicios, «sin embargo en este fraccionamiento se ha ido una
millonada, pues en cuatro años se ha gastado más de 490 millones de pesos, sin
que se pueda concluir, mucho de ese dinero se ha ocupado en reparaciones y en
estabilizar el terreno”.
Sostuvo que hasta el momento, sólo se han construido 598
viviendas en seis hectáreas, las cuales no cuentan con servicios básicos como
agua potable y electricidad y 60 deben ser demolidas, pues están edificadas
sobre terreno inestable, tan es así que ya presentan fracturas.
Asimismo se recordó que SEDATU otorgó contratos directos por
un monto de 369 millones 34 mil pesos a cuatro empresas: Servicios en Concreto
Maza, Jumens, Casa Flex e Inmobiliaria K (Morfeus). Todas están denunciadas
ante la Fiscalía General de la República por responsabilidad penal.
Agregaron que en su momento, el delegado de Sedatu en
Guerrero, admitió que el programa “estrella” de la administración del
presidente Enrique Peña Nieto quedaría inconcluso ante el cúmulo de problemas
generados por el uso irregular de los recursos del Fonden “que beneficiaron a
una red de funcionarios federales, políticos y empresarios del sector de la
construcción que incumplieron los contratos”.
Además precisaron que Armenta Tello, señaló que en las 12
denuncias que presentó la Sedatu en contra de las empresas y en contra de quien
resulte responsable se exigía la devolución de 94 millones de pesos.
Indicaron que el 9 de agosto de 2017, la Secretaría de la Función
Pública, emitió un dictamen que inhabilitó al ex-delegado de la Sedatu, Héctor
Vicario Castrejón, actualmente diputado suplente y la ex coordinadora de
delegados de Sedatu, Sheila Karín Ortega, para ocupar un cargo en la
administración pública durante 10 años, por negligencia administrativa y
criticaron que en el caso de Vicario Castrejón, le fue revocada su resolución
por parte de la Secretaría de la Función Pública.
“Ante este evidente hecho de irresponsabilidad gubernamental
nadie de los funcionarios o servidores públicos han sido sancionados, siguen
impunes. Hoy, el gobierno federal debe de actuar con firmeza, castigar a los
responsables, haciendo prevalecer el estado de derecho, privilegiar la
honestidad, la transparencia, el combate a la corrupción y la cultura de la
legalidad”, sostuvieron pero no obtuvieron el respaldo para discutir la
propuesta.
En la votación los legisladores de Morena votaron a favor de
la propuesta y se sumó el voto de la legisladora del PRD, Dimna Salgado
Apatiga; los cuatro diputados del PRD se abstuvieron y en contra votaron los
diputados del PRI y del PAN, quienes evitaron que el asunto fuese discutido y
se turnó a Comisiones.
En la sesión se aprobó además un exhorto al secretario de Seguridad Pública, Portillo Menchaca y al de Finanzas, Tulio Pérez Calvo para que se haga un análisis de un proyecto para adquirir un equipo de bloqueo y anular de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos o imágenes desde las cárceles de la entidad y que se haga conforme al marco normativo que establece la ley, además que se envíe en el proyecto de presupuesto del próximo año.
En la sesión se aprobó sin mayor problema la licencia de Genoveva Rivera Bravo como sindica del municipio de Xochihuehuetlan; también se aprobó la licencia de la regidora de Cutzamala, Eva Martínez Torres.