Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 26 de agosto de 2022.- El abogado del Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseveró que no hay certeza científica que los muchachos estén sin vida y anunció que la lucha en la búsqueda de verdad y justicia va a continuar.
Este viernes antes de la marcha en la Ciudad de México del Comité de madres y padres, Rosales Sierra encabezó un en vivo en la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, donde hizo un balance del informe que presentó la semana pasada el Comité para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, donde destacó “tres aspectos fundamentales”.
El primero que la Comisión reconozca que la desaparición de esos 43 muchachos “es un crimen de estado, es importante retomar en su justa dimensión esta aseveración que el gobierno propiamente reconozca que lo acontecido es un crimen de estado es muy significativo, lograr reconocer una grave violación a los derechos humanos se tiene que recurrir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el movimiento social, los padres sostenían que era un crimen de estado y fue desechado por el gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto)”.
Rosales Sierra aseveró que también es importante que se reconozca “la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, policías municipales de 4 municipios, policías del Estado, Federales y el Ejército”.
Recordó que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda “negó categóricamente la participación del Ejército en los hechos, dieron información parcial y poco a poco se demostró, se ilustró que si participaron de manera directa en la agresión de los jóvenes, elementos del 27 y 48 Batallón de Infantería de Iguala y la 35 Zona Militar; están implicados de manera directa, no por omisión, no por encubrimiento, hay participación directa en la desaparición de los estudiantes”.
Vidulfo Rosales indicó que el informe ilustra que la agresión a los normalistas “fue una violación grave a los derechos humanos, una agresión de gran envergadura, en Iguala y otros municipios aledaños”.
En Iguala hubo agresiones en Periférico Norte, Palacio de Justicia, crucero de Santa Teresa, la caseta de Iguala-Taxco, zona Industrial donde habría sido asesinado Julio César Mondragón Fontes, “fue una agresión de gran magnitud que dio como resultado 43 desaparecidos, 25 heridos, alrededor de 180 estudiantes perseguidos, fue una participación masiva de fuerzas de seguridad, de actores de delincuencia organizada y del Ejército, fue una operación a gran escala el 26 y 27 de septiembre”.
Señaló que el informe establezca que no hay pruebas que los 43 normalistas estén con vida es “incómodo para los padres, gobierno dice que no hay pruebas que estén con vida, pero tampoco hay prueba científica indubitable que los estudiantes hayan sido asesinados, esas pruebas preliminares que tendrán que ser objeto de investigación y tener convicción plena que estén sin vida”.
Informó que esa afirmación que les dieron el jueves de la semana pasada, “para los padres fue muy fuerte, muy duro, causó un impacto que sus hijos estaría sin vida, pero también una esperanza en el informe se abren líneas que pueden clarificar los hechos, se mencionan responsabilidades, es una esperanza para los padres; esperemos que sea el punto de inflexión para que investigaciones tengan mayor celeridad que se dinamicen las investigaciones, los padres seguirán exigiendo el esclarecimiento pleno de esos hechos”.
El abogado de Tlachinollan, aseveró que está “lejos que este informe sea un pleno esclarecimiento de los hechos, se han identificado a 3 estudiantes, no sabemos qué ocurrió del resto, no se sabe qué sucedió con ellos, hay hipótesis respaldadas con pruebas técnicas y tendrían que ser sometidas a un proceso técnico científico para tener un mayor grado de certeza”.
también habló de la detención del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y afirmó que es un “paso importante en el camino de la justicia, dicen que es ajuste de cuentas político, desde nuestro punto de vista no lo constituye, no es un tema político, es un tema de justicia”.
Recordó que Murillo Karam “asumió y condujo las investigaciones y públicamente lo expresó de esa manera, investigaciones que se hicieron con tortura, se manipularon escenarios del crimen, se extrajo ilegalmente a personas y sembrar evidencias, ensuciar la investigación, se maquinó una hipótesis y fue falsa, impidió el conocimiento de otras líneas de investigación y fue deliberado”.
Explicó que en el informe hay un apartado, donde se refiere a la detención de 4 personas a las 6 de la tarde “en el momento que estaban siendo detenidas, en ese momento estaba dando declaración Murillo Karam y Tomás Zerón lo que supuestamente habían declarado los detenidos, cuando apenas estaban siendo aprehendidos y no emitían declaración alguna”.
Señaló que Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio “maquinaron la verdad histórica, tenían esa ruta de declaraciones, esos actos no tiene nada que ver con un ajuste de cuentas político, fue un desaseo de la investigación y por eso se le acusa de haber manipulado la investigación turbia, irregular, ilegal con tortura y ocultó el paradero de los jóvenes, impidió que se conociera dónde se encontraban los jóvenes, no denunció actos de tortura que cometió Tomás y otros funcionarios, los padres lo ven como un paso muy importante en el acceso a la justicia”.
Aseveró que tras el informe de la Comisión, “tenemos la oportunidad que en México se siga exigiendo pleno esclarecimiento, que se diluciden los hechos y los responsables paguen, el hecho que Jesús Murillo Karam enfrente un proceso penal es importante”.
Consideró que la sociedad “mexicana deberíamos alzar la voz que esta persona sea condenada por esas irregularidades, que los funcionarios que encubran a responsables de hechos tan graves que sepan que si actuación es irregular y cubrir a perpetradores van a enfrentar acciones de la justicia”.
Dijo que es importante lo que está sucediendo, “que haya acciones penales contra autoridades, contra militares, contra autoridades municipales, deben proceder en consecuencia ya, es importante que se haga y signifique una eclosión en el país, dará ánimos a las víctimas de desaparición que si se pueden abrir brechas a partir de la lucha de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, ha sido posible por la persistencia y la lucha tenaz de los padres”.
Se refirió a que se coloque al Ejército “se corrobora y da la razón a los padres de familia que los estudiantes habían sido detenidos por militares, lo desestimé en ese momento, fueron al Batallón, tenían la certeza los padres de la participación del 27 Batallón”.
Criticó que el capitán, José Martínez Crespo fue el 30 de septiembre a ayudar en la búsqueda, “encabezó una unidad militar en una colonia de Iguala y los padres lo recuerdan les da mucho coraje por la burla de las autoridades militares, sabían que tenían responsabilidad y lo ocultaron, amerita una investigación exhaustiva a Salvador Cienfuegos”.
Añadió que el Comité de madres y padres “va a continuar en la lucha, van a continuar su exigencia, se cumplen 8 años de la desaparición y habrá movilizaciones, porque no tenemos a los 43 jóvenes, hay 3 identificaciones y del resto no sabemos nada, el informe no dilucida lo ocurrido, no lo descalificamos, lo recibimos e impulsaremos acciones a realizar, vamos a impulsar esas rutas: si hay acciones penales que se ejerciten, que se hagan búsquedas en determinados lugares donde probablemente sea el paradero de los jóvenes, se habla de testigos colaboradores que se les ofrezcan incentivos y se rompa el pacto de silencio”.