Texto: Jesús Saavedra
Tixtla, Gro., 15 de noviembre de 2022.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de México que las “recientes intromisiones” en las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014, “ponen en riesgo la obtención de justicia” en el caso de esta desaparición forzada de los muchachos.
Este martes en las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa, dirigentes de la CIDH presentaron el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (Mesaa), que es una instancia que se creó a partir de este caso en 2014.
Los directivos de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, Esmeralda Arosamena de Trotiño, María Claudia Pulido, Fiorella Messi y Tania Rennó acudieron este martes a las instalaciones de esta normal rural para entregar su tercer informe del Mesaa, en un encuentro a puerta cerrada con el comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos y organizaciones que los acompañan.
Posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa en la cancha techada de esta normal, en donde explicaron que tras la desaparición de los normalistas, la CIDH decretó la medida cautelar 409/14 en donde se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mesaa.
Los directivos de la CIDH hicieron un reconocimiento al comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos, por no desistir en su exigencia de que haya “verdad justicia y castigo a los responsables de esos hechos”.
Mantilla Falcón, explicó que su visita a Ayotzinapa era para dar a conocer el tercer informe del Mass y que el delito de desaparición forzada de personas, no es un delito que prescribe, “cruza más allá de un gobierno y de sus responsabilidades”.
La relatora en México de la CIDH, Esmeralda Arosamena señaló que el informe debe ser “una guía, una orientación, una hoja de ruta para empujar a la verdad y la justicia”.
Arosamena de Trotiño, expresó que la CIDH considera que en las últimas semanas se han presentado “preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso” y que tienen especial atención en la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (Ueilca) que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), donde su titular, Omar Gómez Trejo renunció junto con todo su equipo.
Indicó que la Ueilca y su titular estaban avanzando en las indagatorias del caso, pero cuando se rindió el informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en agosto pasado se aceleraron situaciones jurídicas, que consideran precipitaron resultados en las indagatorias.
Que a raíz de eso y por la decisión de la FGR se decidió actuar penalmente contra el ex procurador, Jesús Murillo Karam donde no tomaron en cuenta a la Ueilca y menos en la decisión de no proceder penalmente en contra de 26 personas más y que provocó la renuncia de Gómez Trejo y su equipo, que a consideración de la CIDH, “constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener y que puede afectar la continuidad del caso, sus investigaciones y resultados”.
También hicieron un llamado al gobierno federal y en especial al presidente de la Covaj, Alejandro Encinas Rodríguez para que no presente “conclusiones anticipadas”, en un caso donde hay víctimas y familiares.
Agregaron que “hay avances significativos, en la dinámica de la investigación y desaparición” de los 43 estudiantes y que por ello “se deben de identificar pruebas, posibles responsables y liberación de órdenes de aprehensión”.
Subrayaron en el informe que “el contexto de criminalidad en Guerrero y el conflicto latente entre grupos ilegales que se dedican al trasiego de drogas, en convivencia con autoridades estatales, en ese contexto desaparecieron los 43 normalistas en Iguala y continúa, es un asunto que debe atenderse”.
Sostuvieron que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “se tuvo la capacidad de explicar con veracidad el destino de los estudiantes y los agentes estatales que lideraron investigaciones, tomaron decisión de encubrimiento y evasión de responsabilidades en todos los niveles”.
Además, hicieron un llamado a las fuerzas armadas del país den cumplimiento a la instrucción presidencial de entregar “información de inteligencia militar, como responsabilidad institucional para favorecer todas las medidas procesales para la norma penal competente y la simplificación de la jurisdicción”, añadieron.