Texto: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 21 de noviembre de 2022. – El titular de la Secretaría General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez manifestó que a la administración estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, le heredaron un Guerrero con «necesidad apremiante de gobernabilidad».
Sin embargo, afirmó que hoy en día hay una «transformación», de modo que hay una estrategia de «diálogo» con todos los sectores sociales, no se ha registrado ningún caso de desplazamiento forzado y que los que se tienen son de años atrás, pero que se están atendiendo.
Informe
Este lunes comenzaron a comparecer ante el Pleno del Congreso del estado los secrerarios de despacho del gobierno del estado, y el primero en hacerlo fue Reynoso Núñez, quien entró diciendo que «recibimos un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad».
Para lo anterior, señaló «que el ejercicio de la Política Interior se basó en estrategias para reestablecer la estabilidad política y, sobre todo, la confianza ciudadana. La gobernabilidad que mantenemos actualmente, es resultado del diálogo oportuno y responsable, la construcción de acuerdos que garanticen resultados y el respeto irrestricto a los derechos humanos».
Agregó que desde el inicio de la administración «se ha establecido un gobierno de territorio» que apuesta, resaltó, «por la proximidad ciudadana para priorizar la solución a las demandas sociales».
«En ese sentido, a lo largo de este periodo, se atendieron mil 819 movilizaciones del sector educativo, social, laboral, transportista, medios de comunicación, comercio, agrario y turístico», informó.
A pesar de que se han registrado desalojos violentos de la Policía Estatal antimotines a manifestantes que han bloqueado carreteras en demanda de atención a sus peticiones, aseguró que han mantenido un «respeto» al derecho constitucional de la manifestación y que han atendido cada movilización dentro de un marco de «diálogo» y «respeto».
Con relación a los conflictos agrarios, señaló que representan una problemática ancestral en Guerrero, pero que el Gobierno Estatal ha respondido como coadyuvante de la Federación para establecer una política conciliatoria eficaz.
Como resultado de ello, dijo, se atendieron los 11 conflictos agrarios más relevantes de la entidad, a través de 254 mesas de diálogo, logrando acuerdos y en algunos casos, añadió, iniciar el proceso de conciliación y la búsqueda de una solución definitiva.
«Nos hemos enfocado en una estrategia de prevención, apostando por la orientación, capacitación y asesoría, mediante audiencias en las ocho regiones del Estado, actualmente mantenemos registros de 431 audiencias brindadas a 668 personas del sector agrario», detalló.
En su informe, el funcionario estatal resaltó la relación y coordinación de trabajo que ha sostenido el Poder Legislativo y Ejecutivo, con el propósito, dijo, de fortalecer el sistema democrático y dar cauce a las necesidades de la ciudadanía.
En ese sentido, informó que se han enviado 14 iniciativas a la 63 Legislatura, de las cuales hasta octubre se tenían aprobadas cinco, dos publicadas y tres en proceso de publicación, concluyendo con nueve iniciativas en trámite de resolución.
Núñez Reynoso destacó la aprobación del Decreto número 240, por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el cual se decretó a la Sierra como octava región de entidad.
Sobre esto, manifestó que representa el logro de una lucha de más de 30 años de historia y el resultado del compromiso que mantiene la gobernadora con los guerrerenses, sin embargo, cabe mencionar que habitantes de esta zona siguen manifestando su inconcormidad al no dar atención a sus peticiones que tienen que ver en materia de salud, educación y seguridad.
En cuanto a la relación a los derechos humanos, dio cuenta que al Poder Ejecutivo le hicieron llegar un total de 52 recomendaciones, de las cuales dos fueron dirigidas a más de una autoridad, 32 fueron aceptadas, 16 se encuentran en proceso de respuesta y cuatro no fueron aceptadas.
Explicó que las recomendaciones no aceptadas se relacionan con estar desvinculadas a áreas del Gobierno del Estado, ser de carácter jurisdiccional o por exceder el tiempo para su emisión.
«En particular, la recomendación dirigida a esta Secretaría, no fue aceptada porque los quejosos no acreditaron su calidad de desplazadas, al ser un conflicto entre particulares se configuraron los delitos por lesiones y amenazas, mismos que no se encuentran en la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno», argumentó.
Destacó que en el cumplimiento de 21 recomendaciones, 19 de ellas corresponden a la administración anterior y dos a la actual administración.
El secretario también habló del desplazamiento forzado interno, donde reconoció que es un problema que impacta en el bienestar de la población y en su calidad de vida, por la profundidad de sus afectaciones y por ser una problemática olvidada y negada por las autoridades correspondientes.
No obstante, dijo que actualmente el gobierno de Evelyn Salgado no niega las problemáticas que aquejan a las familias, al contrario, afirmó que se han asumido con responsabilidad para atenderlas con eficacia y humanidad.
En ese tenor, informó que «el primer año de gobierno se implementó un programa emergente para cubrir las demandas de 755 familias desplazadas, con quienes se manteniene un diálogo directo; visitas interinstitucionales con el propósito, explicó, de garantizar el derecho a una vida digna, en las 17 visitas a las comunidades afectadas.
Agregó que «a efecto de cubrir sus necesidades más apremiantes, se ha hecho entrega de 2 mil 766 despensas a cada familia integrada en este programa», y que se contó con una inversión de 5 millones 300 mil pesos, para entregar apoyos y fortalecer sus condiciones de vida asegurando sus viviendas.
«También, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional, reforzamos la presencia de las fuerzas de seguridad, haciendo recorridos de prevención y creando módulos de vigilancia para abonar al restablecimiento de su bienestar», añadió.
Entre otros temas, el encargado de la Política Interna se refirió a la violencia de género, manifestando que Guerrero enfrenta «mayores desafíos» en este problema, por lo que es un tema de agenda de la administración estatal.
En ese sentido, aseguró que han redoblado esfuerzos para garantizar de manera interinstitucional el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incorporando prioritariamente la atención a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida y Agravio Comparado, dijo.
Agregó que «de manera relacionada, se creó el Mecanismo para la Implementación y Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, mismo que se instaló y tomó protesta el 10 de junio del presente año, conformado por los nueve municipios con declaratoria, 33 integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Fiscalía General del Estado».
Mediante este mecanismo, explicó, se implementan acciones y medidas, se elaboran los Programas de acciones estratégicas de cumplimiento a las declaratorias; se coordinan y presentan los informes semestrales; así como la asignación de los recursos presupuestales programados.
Destacó que Guerrero es la primera entidad federativa del país, que incluye en su Plan Estatal de Desarrollo las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, con el objetivo, argumentó, de garantizar su atención y cumplimiento.
Agregó que han mantenido coordinación con los municipios alertados, resultando en 103 reuniones donde se presentaron los módulos de atención multidisciplinarios, Policía de Género y rehabilitación de espacios, «como principales acciones desarrolladas durante este periodo, dando como resultado mil 564 mujeres beneficiadas».
Asimismo, dijo que se implementó una campaña de concientización para el transporte público, colocando microperforados en mil 50 unidades de transporte; realizaron 12 conversatorios virtuales, distribuyeron 2 mil 100 Guías y Mini Guías Violetas, así como mil 150 guías para el uso del lenguaje incluyente y no Sexista.
En cuanto a la reinstalación de los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo que se cubrieron 75 municipios que representan el 93 por ciento de cumplimiento total en Guerrero, y que con relación a los seis municipios en los que las condiciones no permitieron su instalación, informó que «nos encontramos buscando estrategias a fin de poder consolidar sus sistemas».
A pesar de que los asesinatos de mujeres y niñas se siguen registrando en la entidad con la actual administración, recordó que «en el gobierno estatal hemos establecido cero tolerancia» a estos hechos, y que es por ello que desde la Secretaría General atendieron la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio de Xalpatláhuac, que actualmente se encuentra en proceso.
Sin embargo, informó que mientras tanto se han implementado, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, medidas provisionales de seguridad y justicia a fin de prevenir cualquier modalidad de violencia contra las mujeres.
Etapa de preguntas y respuestas
En el proceso de preguntas y respuestas, la diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Domínguez Serna; del PRD, Raymundo García Gutiérrez; del PRI, Alicia Zamora Villalva, cuestionaron al secretario en cuanto al tema de desplazamiento forzado y violencia feminicida, especialmente.
Por ejemplo, la presidenta de la Jucopo consideró que parte de la atención a los derechos humanos es garantizar el derecho de transitar, gozar de una vivienda digna, pero que hay familias que se están desplazando y renunciando a sus hogares, a sus bienes, para mudarse a otras comunidades, a otros estados e inclusive a otros países.
En ese sentido, expuso que el mayor desplazamiento los concentran 15 estados de la República Mexicana, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Guerrero, entre otros. Sobre este último, precisó que de julio de 2013 a la fecha, se tienen registros de desplazamiento en 30 comunidades de 81 municipios, entre los cuales se encuentran Acapulco, Apaxtla de Castrejón, Iguala, Huitzuco, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tlacotepec, Chilpancingo, Tecpan de Galeana, Atoyac, Chilapa, Chilapa, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas.
Afirmó que los conflictos armados, la inseguridad, son las principales causas de este problema, afectando principalmente a niñas, niños y mujeres.
Respuesta del funcionario
En su respuesta, el secretario dijo que el esplazamiento afecta gravemente el derecho humano, despues del homicidio y las desapariciones, y reconoció que «el camino es muy largo» que se tiene que atender, pero que actualmente la ley con que cuenta Guerrero, desde el 2014, está rezagada, no actualizada y que no se reglamentó, por lo que urgió al Congreso de la Unión la necesidad de modificarla.
Dijo que por esta situación no se han podido cerrar estos desplazamientos, pero que se ha estado atendiendo a través de apoyos en materia alimentaria a las familias afectadas, y destacó que en la actual administración «no hay nuevos casos de desplazamiento» y que los que se tienen son desde el 2011 a 2020, suscitados en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Chichihualco, Buenavista.
Agregó que en San Rafael de las Palmas, municipio de Zirándaro, y Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, las familias ya regresaron y que se está trabajando en la construcción de sus viviendas que fueron destruidas por los grupos delictivos.
Carlos Reyes Torres, del PRD, tambien uso de la tribuna del Pleno, donde preguntó al funcionario que a qué se refería con que en Guerrero se vive una «reconstrucción», y preguntó cómo se abatirá la inseguridad pública y alimentaria.
En su respuesta, Reynoso Núñez reiteró que recibieron a Guerrero con «muchos conflictos sociales» y problemas financieros porque se redujeron los ingresos en el estado por la pandemia, pero que sin embargo esto está quedando atrás a través de la implementación de estretegias y del constante diálogo.
En el proceso de preguntas y respuestas también participó Manuel Quiñones Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, quien preguntó al funcionario especificara que de 2 mil 532 personas que han sido desplazadas cuántas han sido retornadas y cuantas faltan.
A esto, el encargado de la Política Interna respondió que se han retornado a 914 personas representadas en 241 familias, principalmente de Zirándaro; se han reasentado a 173 familias de los municipios de Petatlán y Ayutla de los Libres, que decidieron no regresar a sus lugares de origen; mientras que 16 grupos de desplazados de Chilapa y Chichihualco, están en un proceso de atención.