Texto y fotografías: Staff
Tlapa, Gro. 28 noviembre 2019.-Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, alumnos y familiares de Arnulfo Cerón Soriano pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR), atraer el caso del activista indígena para su esclarecimiento total, la detención de los autores intelectuales de la desaparición y asesinato del ex dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM).
Con una marcha que inició en el arco ubicada en la entrada de esa ciudad de la Montaña, con alumnos de la escuela normal de Tlapa, de Ayotzinapa, padres de los 43 desaparecidos, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y el centro de Derechos Humanos de la Montaña, culminaron con un mitin frente a la comuna de ese lugar.
Ahí, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, precisó que si bien dentro de su competencia el caso le corresponde llevarlo la Fiscalía General del Estado (FGE), también es incumbencia atraer el caso la FGR, con el objetivo de obtener justicia y verdad. “En caso de que no se atienda, estaremos nuevamente ante la complicidad de las instituciones y autoridades para proteger y encubrir a los perpetradores”, dijo.
Barrera Hernández señaló que con Arnulfo Cerón hay una deuda del gobierno federal porque es un defensor desaparecido, no es un asunto del ámbito municipal, sino de los responsables quienes ejercen el poder cuyo mandato constitucional señala deben garantizar la protección de vida de los ciudadanos, los activistas.
“No queremos que se repita la historia como la de gobiernos anteriores, donde se simulan investigaciones, se limitan declaraciones y al final de cuentas le apuestan al olvido”.
Por su parte, uno de los integrantes del FPM, exhortó a las diversas organizaciones sociales agruparse en un solo movimiento y de esta forma alzar la voz de las demandas y necesidades de los pueblos indígenas frente a los gobiernos y autoridades.
Coincidieron que pese al cambio de gobierno la lucha de justicia y verdad no llega, porque no se han creado las condiciones para asegurar dar protección a los luchadores sociales, se respete la libre manifestación y salvaguardar a los defensores y defensoras de derechos humanos.