Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 15 de febrero de 2023.- Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciaron una campaña para pedir a la población informes sobre los Policías Comunitarios de Apaxtla de Castrejón y Heliodoro Castillo, que se encuentran desaparecidos desde el pasado 21 de enero.
Ese sábado 21 de enero militares, marinos y policías del Estado realizaron un operativo en la cabecera municipal de Apaxtla, donde Policías Comunitarios de ese municipio y de Heliodoro Castillo habían instalado un campamento “de resistencia” y colocaron puestos de seguridad en los accesos a esa población.
Ambas corporaciones civiles armadas, justificaron su presencia señalando que era para defenderse de la Policía Tecampanera de Teloloapan, que aseveran está bajo el mando de Juan Carlos Flores Asencio Alias ‘La Beba’, un ex dirigente del grupo criminal la Familia Michoacana (FM).
Ese día se detuvo a ocho personas, se decomisaron carros y armas, los detenidos fueron llevados al Ministerio Público de Coyuca de Catalán y donde fueron liberados el 23 de enero, cuando decidieron no viajar hacia Teloloapan por temor a su integridad y decidieron viajar los 8 y un chofer de una urvan hacia el estado de Michoacán y desde esa fecha no se sabe nada de ellos.
Esta semana la CDHEG inicio una campaña de petición de ayuda a la población para localizar a 7 de esas personas detenidas y luego desaparecidas.
Lo hicieron a través del Programa de Desaparición Involuntaria de Personas de la Tercera Visitaduría General donde solo se emitieron las fichas de Juan Torres Rojas, Esteban Silva Delgado, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nave, Jorge Torres Ríos, Emelio Hurtado González, Carlos Hernández Nave, que son 7 y no 8 como denunciaron las Policías Comunitarias de Apaxtla y Heliodoro Castillo.
En esa lista de la CDHEG y a la que se sumó la CNDH faltan las fichas de localización y búsqueda de Carlos Mosso Barragán, además del chofer de la Urvan, Julio Cesar Reyna Díaz, quienes se desconoce por qué no fueron tomados en cuenta o si sus familiares no acudieron a pedir la intervención de esas dos instituciones públicas.