Texto: Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro. 17 de mayo de 2023.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que un juez con sede en Acapulco está retrasando el plazo legal para la absolución del preso político Orlando Ávila Mesino.
Indicaron en un comunicado que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Abimael Guzmán Nava, con residencia en Acapulco, no dicta sentencia a Orlando Ávila Mesino, por trámites burocráticos.
Orlando lleva más de once años procesado por homicidio calificado, un delito que no cometió y por ese mismo hecho inculparon a Rocío Mesino Mesino, como actora intelectual, quien fue detenida y liberada a los pocos días, por falta de pruebas.
Sobre este caso hay tres detenidos, en su primera declaración acusaron a Orlando como coautor material del homicidio; en su segunda declaración confesaron haber sido torturados para inculpar a Orlando y a Rocío y que en realidad no conocían a Orlando ni a Rocío.
Uno de ellos utilizó un nombre falso en el proceso, en realidad es el autor material del homicidio de Miguel Ángel Mesino Mesino, asesinado el 18 de septiembre del 2005.
El abogado que lleva la defensa, Hegel Mariano Hernández, ya presentó diversas pruebas que demuestran su inocencia como son: el día que ocurrió el homicidio del que se le acusa Orlando, él estaba trabajando en Atoyac, lo cual fue ratificado en declaración por sus compañeros de trabajo; también, un perito del Tribunal Superior de Justicia, determinó que una de las personas que acusa a Orlando, tiene secuelas de tortura, lo que le quita credibilidad a toda la acusación.
Por estas inconsistencias, «no vamos a aceptar ninguna sentencia que no sea una absolutoria a favor del compañero Orlando Ávila Mesino, que lo reinvindique como una persona de bien y un luchador social, así como a su familia y a la Organización Campesina de la Sierra del Sur».
Hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, para que esté a la altura de este momento crucial, que no le tiemble la mano para reconocer la fabricación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que no se vuelva cómplice de este atropello iniciado desde el 2012, y que no espere a que sea un tribunal federal el que le venga a decir los términos en que debe decretar la libertad de Orlando.