Texto y fotografías: Jesús Saavedra
Ayutla de los Libres, Gro. 07 de junio de 2023.- 25 años después las viudas y deudos de la masacre de 10 indígenas y 1 estudiante de la UNAM, que fueron masacrados en El Charco siguen esperando justicia y reparación del daño, con un cheque de 55 millones de pesos que extendió en ese momento el gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero y que entregó al entonces alcalde perredista de este municipio, Odilón Romero Gutiérrez, “fue de plástico, porque no tenía fondos”, denunciaron los deudos.
Dos décadas y media después, han pasado los presidentes: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y un número igual de gobernadores, pero no se sabe bien a bien qué sucedió el 7 de junio de 1998.
Ese día en la madrugada una partida del Ejército irrumpió en lo que se supone (no hay una versión oficial de lo que sucedió y la reacción virulenta de por qué se hayan asesinado a tiros a 11 personas), era un campamento guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que dejó como saldo lo que hasta la fecha reivindican como una masacre y un abuso de la milicia.
Antes de iniciar la marcha para exigir justicia por esta masacre, hubo una breve conferencia de prensa en donde narró lo que sucedió la presidenta del Comité de Viudas, Sobrevivientes y Damnificados de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, “a 25 años no ha habido justicia, no ha habido atención del gobierno municipal, estatal y federal, exigimos que se castigue a los responsables y que son los militares del Ejército, saben los nombres de los soldados y de sus mandos quienes ordenaron esta masacre”, indicó.
En esta marcha estaban las señoras Margarita Joaquina Castro Morales, viuda de Mario Chávez García; Catalina Leobardo Aurelio, viuda de Fernando Félix Guadalupe; Marcela Petra Cayetano, viuda de Manuel Francisco Prisciliano; Juana Morales Guadalupe viuda de Mario García Morales; la señora Marcelino Castro Ramírez, viuda de José Apolonio García; María Guadalupe García hermana de Ceferino Damián Arcos, una parte de las agraviadas.
Explicó que después de esa masacre el entonces gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero “vino a las dos semanas vino a entregar un cheque como indemnización, pero no nos llegó un solo peso, se los entregó al cabildo que encabezaba Odilón Romero Gutiérrez”.
Informó que el cheque era de 55 millones de pesos, “porque nos lo mostró en ese evento que fue público y donde dijo que se lo entregaría al presidente municipal para que fuera una indemnización o reparación del daño, ese día nos entregaron en una bandeja de plástico una despensa y el gobernador nos dijo que eso nos ayudaría”.
Doña Eustolia explicó que después acudieron a pedirle una explicación al edil perredista de ese recurso, “nos dijo que ese cheque no tenía fondos, nos lo dijo el alcalde con su cabildo y nunca obtuvimos un solo peso de ese recurso a la fecha no recibimos ningún apoyo, ahora confiamos en Andrés Manuel López Obrador que pedimos nos atienda como indígenas, como pobres, porque no contamos con algo para poder sostener a nuestras familias”.
Indicó que por eso seguirán “exigiendo justicia, exigimos que se investigue a los militares y a sus mandos, esa es la exigencia en la CIDH, estamos en el desamparo porque no tenemos ningún acercamiento y hemos buscado la manera de poder sostenernos, pedimos una audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y seguimos en píe exigiendo justicia y se castigue a los responsables que masacraron”.
Aseveró que lo que vivieron “jamás lo vamos a olvidar, nos marcó para toda la vida y nos dicen que hemos sido beneficiadas de un gobierno y otro, pero no hemos recibido ningún apoyo”.
La señora informó que la última ocasión que sostuvieron un encuentro con funcionarios federales fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue en la Secretaría de Gobernación, “en esa mesa estaba el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos nos preguntó qué más quieren, si se les ha dado mucho recurso, lo único que le contesté fue que cómo estaba seguro que ya habíamos recibido mucho recurso y que nos lo comprobara, se quedó callado y no nos dijo nada porque todos merecemos respeto; eso merecemos respeto, respeto y justicia”.
Doña Eustolia en ese día tenía 18 años y su esposo tenía 22 años se llamaba, José Rivera Morales: “mi marido era el que tenía más balazos en el cuerpo, estaba desfigurado, a unos les pusieron uniformes militares y todos, todos tenían el tiro de gracia, por eso exigimos justicia”, finalizó.