Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Archivo/Eric Chavelas Hernández
Chilpancingo, Gro. 23 de agosto de 2023.- Abogados y organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, criticaron severamente la decisión de un juez federal de haber otorgado de manera “inusual” la medida cautelar de que el general, Rafael Hernández Nieto enfrente su proceso en prisión domiciliaria.
El general en mención era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre; en aquel momento era coronel y cuando pasó a retiro de las fuerzas armadas fue con grado de general brigadier.
El pasado 6 de julio, Rafael Hernández Nieto fue detenido afuera de su domicilio en la colonia Villas Posada, Puebla y fue recluido en la prisión del Campo Militar número 1 en la Ciudad de México a disposición de la juez segunda de Distrito, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
El general está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparición forzada y delincuencia organizada; este martes la misma juez federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió a Rafael Hernández Nieto la medida cautelar de enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Este miércoles el Centro Pro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Tlachinollan, Fundar y Serapaz fijaron una postura ante la determinación de esa juez federal, la que consideraron es un “inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”.
En un comunicado aseveraron que no es la primera vez “que dicho general recibe un tratamiento preferencial; en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”.
Afirmaron que “a casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el General el 6 de julio de 2023; posteriormente, se le dictó auto de formal prisión”.
Aseveraron que la decisión de la juez, Raquel Ivette Duarte Cedillo “muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.
Denunciaron que “de forma extremadamente inusual la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga; celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”.
Puntualizaron que Hernández Nieto, “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado (Guerreros Unidos) en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que: ‘Voy a ir a telo (Teloloapan) a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería, mientras Nieto era la cabeza de este último”.
Adelantaron que en las próximas horas las madres y padres de los 43 “apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura. No obstante, es necesario señalar desde ahora que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”.