Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 04 de octubre de 2023.- Las cuatro organizaciones que acompañan y dan asesoría jurídica al Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, advirtieron que las descalificaciones y protección al Ejército en que ha incurrido el presidente, Andrés Manuel López Obrador ponen en riesgo el esclarecimiento pleno de esta desaparición forzada.
Este miércoles el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Tlachinollan, Fundar y Serapaz que han acompañado a los padres de los muchachos fijaron una postura ante las arremetidas públicas que ha hecho López Obrador, quien los ha tildado de “lucrar con el dolor ajeno”.
En primer lugar, lamentaron “los dichos presidenciales contra los padres y las madres de los normalistas. Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio presidente de la república en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración”.
Rechazaron además la postura asumida por el presidente contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, así reconocido en México y a nivel internacional”.
Lamentaron los “ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH). Las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso. Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH ‘Doble Injusticia’ no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación”.
Además, dijeron que no comparten “las descalificaciones en contra de quien fuera hasta septiembre del año pasado titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) Omar Gómez Trejo. Su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria. Es el actual titular de esa Unidad quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados”.
También rechazaron “las descalificaciones contra nuestra labor como organizaciones civiles de derechos humanos, enmarcada siempre en el marco legal de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos. No somos intermediarios, ni administramos el dolor. La confianza sostenida de los padres y las madres nos afianza en nuestra labor, más allá de toda descalificación”.
Agregaron que seguirán “respaldando la exigencia de los familiares en el sentido de que el Ejército no ha entregado todos los documentos y elementos informativos con que cuenta sobre el caso. Recordamos que las familias presentaron por escrito una solicitud respetuosa identificando los documentos pendientes y recibieron en respuesta un oficio del Secretario de la Defensa que simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad”.
Subrayaron que es “falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición”.
Indicaron que “las responsabilidades del Ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático: elementos de los batallones 27 y 41 estaban vinculados con Guerreros Unidos y la noche de los hechos tuvieron un comportamiento irregular que aún debe esclarecerse; adicionalmente, el ocultamiento de evidencia que prosiguió a ese 26 de septiembre de 2014 durante todo el sexenio anterior y que se mantiene hasta el presente, fue una decisión institucional que mancha todavía hoy a las Fuerzas Armadas en su conjunto, como Institución. La exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente”.
Se sumaron a la petición de los padres “de que sea retirada la ‘narrativa de hechos’ generada por el Gabinete de Seguridad que en efecto se aproxima a la llamada ‘verdad histórica’ al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias”.
Acompañaron la decisión de los padres “de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, sobre la base del Informe que su titular (Alejandro Encinas) presentó, mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar”.
Añadieron que las familias “continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en este sexenio y nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar, que, en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad. De todas maneras, seguiremos con las familias en este empeño, con el convencimiento de que como lo dijo el GIEI en su comunicado reciente, la verdad se prueba, no se decreta”.