El Centro Pro que se encarga de la asesoría jurídica a los familiares de los normalistas lanzó un «lamentamos» esa resolución, a la que «se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial»
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 21 de enero de 2024.- Luego de pagar una fianza de 50 mil pesos, ocho elementos del Ejército obtuvieron su libertad por una decisión de una jueza federal, quien ordenó que los militares acusados de estar involucrados en la desaparición de 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014, enfrenten su proceso judicial bajo caución.
La decisión de la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México fue severamente criticada por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
La liberación de los ocho militares se realizó este sábado y ahora los acusados podrán enfrentar el proceso judicial que se les inició en libertad. Al respecto el Centro Pro que se encarga de la asesoría jurídica al Comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos, fijó su postura este domingo con un “lamentamos liberación de militares acusados en caso Ayotzinapa y muestra que el proceso (judicial) se está derrumbando”.
Aseveraron que a las “decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.
También la Covaj condenó “el cambio de medida cautelar dictada por la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas”.
Esa Comisión que fue creada por decreto del presidente, Andrés Manuel López Obrador indicó que “a pesar de que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el resguardo domiciliario de los inculpados en su domicilio, la jueza finalmente determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares: «Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso; garantía económica de 50 mil pesos”.
Señaló que los ocho implicados tienen “prohibido salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él. Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas; la prohibición de acercarse al estado de Guerrero” y se les requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
La Covaj afirmó en un comunicado que “una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
El presidente de la Covaj, Arturo Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Y que se van a coordinar con la Ueilca “para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”.
Medina Padilla sostuvo que estarán “atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”. (Fotografía archivo)