Texto: Juan Blanco
Fotografías: Archivo / Pulso Informativo Guerrero
Chilpancingo, Gro., 12 de enero de 2020.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que opera principalmente en zonas indígenas pobres de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, se vio marcada por un 2019 funesto, al ser asesinados de forma dolosa al menos 16 de sus miembros; además de que sufrieron secuestros y ataques armados.
El consejero comunal de esa organización comunitaria, Bernardino Sánchez Luna, acusó directamente al grupo delictivo denominado como Los Ardillos de estos hechos, de los cuales, dijo, los tres niveles de gobierno tienen conocimiento pero que al momento ha obviado.
De acuerdo con un recuento de la CRAC-PF plasmado en un documento con asunto de denuncia, el 4 de mayo del año pasado en Chilapa fueron ejecutados a balazos los consejeros regional y de seguridad José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, respectivamente. El primero era originario de la comunidad de Xicotlán y el segundo de Buenavista, en ese mismo municipio.
Para el día 23 de mayo en la comunidad de Atzacoaloya, en Chilapa, fueron secuestrados en el punto conocido como La Capillita de San Martin, Bartolo Morales Hilario de la comunidad de Tula, que ocupaba el cargo de comandante regional de la “Policía Comunitaria”, e Isaías Xanteco Ahuejote, ex elemento comunitario.
No obstante, al siguiente día fueron encontrados embolsados y descuartizados sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del punto conocido como Las Antenas.
En junio los asesinatos de integrantes de la CRAC-PF no cesó, pues el día 2 Eugenio Máximo Hilario fue ultimado a balazos en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, ubicada en la zona indígena de la región Centro del estado. Esta víctima mortal era comandante regional de la “Policía Comunitaria” de la CRAC y originario de Ayahualtempa, ubicado en ese mismo municipio.
Para el siguiente mes –julio- la “Policía Comunitaria” de la CRAC-PF perdió a cinco de sus compañeros: el comandante local Felipe de Jesús Tolentino Bolaños, originario de Alcozacan, fue encontrado muerto el día 11 en Chilapa, luego de haber sido secuestrado cinco días antes.
Para el día 8 Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, oriundos de Ayahualtempa, también fueron “levantados” por hombres presuntamente armados en la entrada de la comunidad de El Jagüey. 16 días después de su búsqueda, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la comunidad de Rincón de Chautla.
El día 11 Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Rendón, originarias de Zacapexco, fueron encontradas torturadas y asesinadas sobre la carretera Chilapa-Atzacoaloya, a la altura de la colonia Corral de Piedra, en Chilapa, luego de haber sido secuestradas un día antes en la entrada del poblado de El Jagüey.
Hilario Tepetitlán, originario de la comunidad de Alcozacan, fue hallado asesinado sobre el tramo carretero Chilapa-José Joaquín de Herrera, a la altura de la colonia Corral de Piedra, tras haber sido levantado una hora antes del día 8 de agosto, en el crucero de El Jagüey.
En el mes de septiembre los ex policías comunitarios Leocadio Bolaños Hernández y Silviano Morales Joaquín también fueron secuestrados supuestamente por “Los Ardillos” en dos hechos diferentes en Hueycantenango, sin embargo sus cuerpos fueron encontrados sin vida en puntos diferentes.
Para el día 8 de octubre el policía comunitario Santos Vázquez Andraca, originario de la comunidad de Zacapexco, fue acribillado a tiros a 100 metros de la Policía Municipal de Hueycantenango, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica.
En noviembre la CRAC-PF también perdió a dos de sus compañeros tras ser asesinados a balazos: Samuel Rojas Dorantes fue asesinado el día primero de ese mes, e Isaac Martínez Rosendo, el día 18; ambos eran de la comunidad de Ayahualtempa.
Fueron al menos 16 miembros de la CRAC-PF los ejecutados durante el 2019, supuestamente por el grupo delictivo de Los Ardillos que controlan los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y gran parte de las zonas indígenas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, según el consejero comunal Bernardino Sánchez Luna.
Ataques
Asimismo, durante el año pasado ese mismo grupo delictivo atacó en más de cinco ocasiones las comunidades de Rincón de Chautla y Tula, en el municipio de Chilapa, poblado controlado por la CRAC-PF.
Sánchez Luna detalló que 200 sicarios de Los Ardillos llegaron en 16 camionetas a la comunidad de Rincón de Chautla y la atacaron a balazos, hecho que dejó como saldo un policía comunitario herido al repeler la agresión.
El 23 de junio, 20 de julio, 27 de noviembre y el 27 de diciembre este mismo grupo disparó con armas de alto calibre a las viviendas del poblado de Tula, derivando en un enfrentamiento con la policía comunitaria de la CRAC-PF, que dejó como saldo un miembro de esta organización comunitaria herido en el segundo ataque.
“Una patrulla de la Guardia nacional, una patrulla de los militares y una patrulla de los estatales al escuchar que seguían los disparos en vez de accionar en contra de los agresores que son Los Ardillos, retrocedieron cuando les dispararon desde el cerro donde están posesionados y entraron a la comunidad de Tula después de media hora cuando ya no se escuchaban los disparos”, acusó Sánchez Luna sobre el último ataque.
El líder acusó también que pese a que los tres niveles de gobierno tienen conocimiento de los 16 homicidios, secuestros y ataques, no han hecho nada en contra de los responsables, al contrario, dijo, han “girando órdenes de aprehensión a nuestros compañeros policías comunitarios que están resguardando las dieciséis comunidades que están integradas a la policía comunitaria de la CRAC-PF”.