Texto: Juan Blanco

Chilpancingo, Gro., 12 de enero de 2020. – Gonzalo Molina Hernández, promotor y vocero de la CRAC-PC en Tixtla, denunció que algunos coordinadores de casas de justicia de esa organización comunitaria, cuyas sedes se encuentran en la Montaña Alta y la Costa Chica, están coludidos con la delincuencia organizada.


Además acusó que estos pretenden aprobar la entrada, a esas regiones del estado, de empresas mineras para explotar recursos como el oro, y que imponen el pago de fianzas excesivas para dejar en libertad a sus detenidos.


Estas denuncias y su activismo independiente, aseguró el luchador social, generan “escozor” entre los líderes de ese sistema, razón por la que lo expulsaron de la CRAC, no obstante, dijo que seguirá utilizando sus uniformes e insignias.


El viernes pasado líderes de la CRAC anunciaron la expulsión de Gonzalo Molina Hernández, de este sistema, tras ser acusado de «usurpación de funciones», «mala conducta» y por «portación de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano».


En un comunicado, esa organización recordó que Molina Hernández inicialmente formaba parte de sus filas, sin embargo, sostuvo, no cumplió con los lineamientos emanados del reglamento interno del sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación.


Luego de estas acusaciones, el expreso político se enlazó este domingo vía telefónica con reporteros para fijar una postura.

Dijo que primeramente la CRAC no cuenta con términos que dicten que deben ser expulsados sus miembros cuando estos incurran en malas conductas, sino más bien, citó, deben ser reeducados.


“Ellos dicen que yo estoy expulsado, vuelvo a repetir: no hay expulsiones. Tengo que enviar un documento para que me aclaren en qué punto del reglamento dice que hay expulsiones, entonces sí lo voy a hacer, lo voy a enviar”, anunció.


Molina Hernández dijo que la acusación en su contra de usurpación de funciones -una de las razones por las que supuestamente lo expulsaron-, no tiene fundamentos, puesto que cuenta con un nombramiento de vocero y promotor de la CRAC-PC, aprobada en asamblea por los pueblos de la Montaña Alta y de la Costa Chica.


Detalló que algunos de los municipios que lo reconocen como promotor indígena de la CRAC, son Metlatónoc, Malinaltepec y comunidades de Ayutla de los Libres. Inclusive, ejemplificó, la casa de justicia del Paraíso, ubicado en este último municipio, ha reconocido su trabajo a favor de los pueblos.


En cuanto a las acusaciones de portación de armas de fuego exclusivas del Ejercito Mexicano, otras de las causas por las que lo expulsaron, denunció que tiene pruebas de que algunos coordinadores de las casas de justicia y sus elementos operan con fusiles de alto calibre, “¿entonces por qué a mí me cuartan?”, cuestionó. Además justificó que no “podemos andar con escopetas” cuando los delincuentes cargan armas de alto poder.


El luchador social reprochó que la CRAC-PC en lugar de acogerlo, lo haya expulsado cuando la reivindicó durante 25 años, “por eso yo hago responsable a la CRAC y al gobernador Héctor Astudillo Flores porque ahí se ve claro la maniobra, porque como no pudieron a través de los jueces, ahora tratan con golpearme con ayuda de los peones del Estado”.


Como se recordará en noviembre de 2013 la policía ministerial del estado detuvo en Tixtla a Gonzalo Molina, ya que había una denuncia penal en su contra por lesiones y por la toma del Ayuntamiento de ese municipio, en agosto de ese mismo año.


Tras casi seis años preso en la cárcel de Miahuitlán, Oaxaca; en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, y finalmente en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Gonzalo fue liberado en marzo del año pasado luego de que un juez determinara su inculpabilidad de los delitos que se le imputaron en un principio.


Gonzalo Molina dijo que su activismo está generando de algún modo estorbo en los intereses de la CRAC-PC, pues cuando estuvo en la Montaña le llegó información de que hay injerencia de la delincuencia organizada en el sistema comunitario. “Algunos coordinadores están coludidos con la delincuencia, y por eso quieren que salgamos de ahí”.


“Quiero denunciar también que he encontrado en algunas partes de la Montaña que líderes de la CRAC-PC están cobrado las libertades. Incluso recientemente hubo una fuga de un reo y detuvieron al papá, cosa que no se debe hacer. Por dejarlo en libertad le cobraron 50 mil pesos”, agregó.


Acusó también que las autoridades principales de esta organización comunitaria pretenden aprobar la entrada de mineras a la Montaña Baja y la Costa Chica para la explotación de oro.


“Ya les urge estregar esas minas, empiezan con el dinero, ¿para qué? Para que las autoridades comisariales, ejidales empiecen a firmar que sí están de acuerdo que entren las mineras. Todo ese es un panorama que encontré en la región de la Montaña”, enfatizó.


Gonzalo Molina dijo que continuará siendo vocero y promotor de la CRAC-PC y seguirá utilizando los uniformes e insignias de la organización, y que dejará estas funciones siempre y cuando así lo determinen los pueblos en una asamblea real.


Finalmente, el luchador social dijo que teme por su vida tras estas denuncias, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y a líderes de la CRAC-PC de lo que pudiese ocurrirle.

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