José Fuentes Urban y José Eleazar Farías de la Cruz aseguran que el Consejo de la Judicatura pidió a Finanzas retuvieran sus salarios, sin un proceso administrativo en contra o una explicación
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 26 de junio de 2024.- Los trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública en Guerrero, José Fuentes Urban y José Eleazar Farías de la Cruz, denunciaron que de manera ilegal el Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión de sus pagos como trabajadores.
Este miércoles los dos trabajadores en mención denunciaron que ambos trabajan en ese Institutito y que de manera irregular el Consejo de la Judicatura pidió a la Secretaría de Finanzas se les retuvieran sus salarios, sin que hubiese un proceso administrativo en su contra o una explicación de los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.
El abogado, Rubén Cayetano García recordó que en 1988 se creó la Defensoría de Oficio como un organismo administrativo desconcentrado del Gobierno del Estado, pero dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que en el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu se creó la Ley de Servicio de Defensoría de Oficio” y mantuvo su dependencia administrativa y presupuestal de la Secretaría General de Gobierno; en 2012 entra en vigor la Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero, se crea la Junta de Gobierno y el Instituto sigue dependiendo del gobierno del estado.
En 2014 hubo una reforma en donde se estableció que el Instituto sería transferido como un órgano con autonomía técnica al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, “es decir que dejaba de formar parte del Poder Ejecutivo”.
Sin embargo en el artículo décimo tercero transitorio de la mencionada reforma señaló que “los Poderes del Estado deberán realizar los ajustes presupuestales necesarios para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Decreto para el ejercicio fiscal 2015” lo que luego de nueve años y pasadas tres legislaturas, no se ha cumplido, en razón de que el dinero o recursos públicos del Instituto de la Defensoría lo sigue ejerciendo la Secretaría de Gobierno, es quien paga a los defensores públicos y eso significa que a casi una década de la entrada en vigor de dichas disposiciones constitucionales hay una ilegalidad grave en el ejercicio del presupuesto que trae como consecuencia que la transferencia de este Instituto, del Gobierno de Guerrero al Poder Judicial Instituto; no ha sido cumplimentada”.
Señaló que en los hechos el Poder Judicial “se ha arrogado atribuciones de mando, cambio de adscripción, persecución y acoso laboral en contra de los defensores públicos, a pesar de que en términos laborales no es la parte patronal porque, insisto, quien les paga es la Secretaría General de Gobierno, lo que constituye un fraude a la Constitución Política de Guerrero”.
Lamentó que los últimos tres gobernadores, hayan “cumplido con la correcta transferencia del Instituto de la Defensoría Pública y lo que les exhibe como gobernantes que lo único que les interesa es tener el control y aplicación del presupuesto, aunque eso signifique que los defensores públicos sean violados en sus derechos humanos laborales”.
Por ello consideró que hay “un desaseo legal e institucional, denunciamos: es el que ha provocado que a dos defensores públicos, José Eleazar Farías de la Cruz y José Fuentes Urban a quienes se les suspendieron sus pagos desde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Guerrero, por órdenes de la Judicatura y del Poder Judicial, sin ser la parte patronal y siendo dos poderes distintos y con presupuestos diversos, lo que evidentemente arroja la responsabilidad de ser sujetos de juicio político”, advirtió.