«Los actos ilegales de integrantes de las fuerzas armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional”, dice en carta enviada a familiares de los normalistas
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 25 de septiembre de 2024.- A unas horas antes que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador exculpó de nuevo de alguna responsabilidad al Ejército en este caso; aceptó que no pudo cumplir con la palabra empeñada con los padres y madres de las víctimas, pero deseaba “de todo corazón que lo logre la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”.
López Obrador informó que este martes envió una carta a las mamás y los papás de los jóvenes de Ayotzinapa “que fueron desaparecidos hace 10 años; hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación”.
Afirmó que en su gobierno “se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía; siempre se manejó este asunto solo arriba este lamentable caso y cuando hablo de arriba, no solo hablo de los potentados en lo económico, en lo político. Sus medios de información, también de las organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer lo que se llama ‘sociedad política’ y se olvidan del pueblo raso. De informar a todos”.
El presidente detalló que con la carta adjuntó un informe y anexos de lo que hizo su administración y dio lectura a la carta que envió a los padres de los desaparecidos y justificó que en su gobierno se propuso “con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años; castigar a los responsables y sobre todo, encontrar a los jóvenes”.
En la misiva el presidente les asegura a los padres y las madres “que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión; desde los primeros días confíe esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeros”.
Dijo que le otorgó a Encinas “mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esta forma pudimos avanzar a cambio de detener la extradición de Abigail González Valencia, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación. Uno de los miembros delictivos de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar como testigo protegido y como resultado de su participación se lograron identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”.
González Valencia es identificado como el administrador de los recursos económicos del CJNG y fue detenido en febrero del 2015; con esta revelación del presidente se pudo conocer que evitaron su extradición para que aportara información del caso Ayotzinapa.
Detalló que González Valencia El Cuini evitó la extradición a cambio de cooperar con las autoridades para dar información de los líderes de Guerreros Unidos, de policías municipales de Iguala, Cocula y de autoridades locales “que saben de lo ocurrido o participado en la desaparición de los jóvenes”.
El presidente detalló que a El Cuini se le evitó extraditarlo y que incluso fue cambiado de un penal de máxima seguridad a uno de mediana seguridad en Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México pero que dejó de cooperar y ya no se pudo avanzar, por ello el pasado 6 de septiembre fue trasladado de nueva cuenta al penal de máxima seguridad del Altilpano, en el Estado de México.
Aclaró que El Cuini no participó en la desaparición de los jóvenes, pero que por sus actividades criminales conoce a los líderes de GU y quienes le habrían compartido información del caso, que ofreció para obtener beneficios del gobierno, como evitar su extradición y cambiarlo de un penal.
López Obrador recordó que echaron abajo la versión de la “verdad histórica” que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula; volvió a arremeter contra los abogados del Comité de madres y padres quienes, reiteró, permitieron la liberación de 65 responsables de la desaparición.
Señaló que se cambiaron las acusaciones contra autoridades y se empezó a señalar al Ejército a partir del libro que publicó la periodista Anabel Hernández, a quien señaló de haber sido testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, quien sostuvo que un grupo de jóvenes no fue llevado a la comandancia de Iguala y cuando hay testimonios que sí sucedió.
Y sentención: “Aun cuando no existe ninguna prueba que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes; sí se encuentra hacia adelante que sí participaron; con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar, castigar a los soldados, a los mandos y no permitir, no tolerar impunidad de nadie”.
Pero insistió que “no hay una prueba directa que los soldados en la desaparición de los jóvenes, también por grabaciones de la DEA aparecen involucrados militares, estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada o porque esa noche salieron soldados del Batallón que fueron a la comandancia, que fueron al hospital, aunque no participaron en la detención, desaparición de los jóvenes. Sí pueden resultar responsables del delito de omisión al no haber actuado por los actos de violencia contra los jóvenes”.
López Obrador subrayó que en la investigación “hemos contado con el apoyo de las fuerzas armadas, han cooperado, han ayudado; estos mandos y oficiales coinciden conmigo que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia; los actos ilegales de integrantes de las fuerzas armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional”.
Añadió que se ha procesado a 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina y hay tres órdenes de aprehensión más contra otros militares.
Agregó que en su gobierno se han explorado 858 sitios y “hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”.