En un pronunciamiento, los policías comunitarios de Santa Cruz del Rincón hacen un llamado a que»volteen a vernos y que no criminalicen nuestro sistema de justicia comunitaria»
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 17 de octubre de 2024.- Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del municipio de Santa Cruz del Rincón, ubicado en la región de La Montaña, hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los voltee a ver y los apoye en lo que requiera ese cuerpo de seguridad comunitaria, «porque estamos luchando por la paz y contra la inseguridad».
Los integrantes de la CRAC-PF conmemoraron los 29 años de fundación del sistema de justicia comunitaria en la Costa Chica y La Montaña en la cabecera municipal de Santa Cruz del Rincón, en donde hicieron un homenaje póstumo al sacerdote Mario Campos Hernández, quien fue promotor y fundador de este sistema de justicia.
En un pronunciamiento exigieron que se respete plenamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, que establece que deben gozar de los derechos humanos y libertades sin discriminación; tener valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales protegidos; tener sus programas de educación que incluyan historia, conocimientos, técnicas, y sistema de valores, así como «ser consultados en las decisiones que afecten su desarrollo económico o social”.
Critican que la estatal ley 701 publicada el 8 de abril del 2011, denominada Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, tuvo una reforma que dejó fuera del marco legal a la policía comunitaria; es decir, le quitaron personalidad jurídica.
Piden a los habitantes de Guerrero que fortalezcan «este proyecto comunitario dando su aportación moral, servicio social, económico, físico». Hicieron un llamado al presidente municipal de Santa Cruz del Rincón, Said Olguín Mendoza y su cabildo, para que apoyen a la casa de justicia en sus necesidades, «especialmente el apoyo con armamento, vestimenta, un dron para la vigilancia del aérea del territorio comunitario, 10 cámaras vigilantes para ubicar en lugares estratégicos, una patrulla para el transporte de grupos de policías, cartuchos de diferentes calibres, apoyo económico para gastos internos de la coordinadora”.
Hacen por último un llamado a los gobiernos federal y estatal para que «volteen a vernos y que no criminalicen nuestro sistema de justicia comunitaria. La lucha por los derechos continúa hasta lograrlos plenamente».
