Texto: Bernardo Torres
Leonardo Bravo, Gro., 18 de marzo de 2020.- Ante el avance del grupo armado autodenominado Policía Comunitaria de Tlacotepec, hacia la cabecera municipal de Leonardo Bravo, desplazados de 12 comunidades, adelantaron que avanzarán a la capital del Estado para instalarse en Palacio de Gobierno o la sede de la Comisión de Derechos Humanos.
Esto luego de que la policía comunitaria avanzara la mañana de este miércoles a las comunidades de El Carrizal de Bravo y El Balzamar, donde durante el día se reportaron enfrentamientos armados con otro grupo con quien se disputan el control de la zona.
Por la tarde, los desplazados ofrecieron una conferencia de prensa, donde exigieron al Gobierno Federal un despliegue efectivo de la Guardia Nacional que frene el avance de dicho grupo, pues temen por la integridad de las 120 familias que se encuentran en Chichihualco.
Maricela Cástulo Guzmán, originaria de la comunidad de Los Morros, y también desplazada, lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya incumplido uno de los temas prioritarios, que era la seguridad, y la instalación de filtros de la GN en los tres principales accesos a la cabecera.
Reprochó que a más de un año del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, los responsables sigan operando impunemente con la complicidad de las autoridades, mientras que los desplazados no tengan la mínima esperanza de regresar a sus hogares.
Dijo que tienen temor de que se cumpla la amenaza, pues los últimos enfrentamientos se han registrado a escasos 40 minutos de la cabecera municipal, «casi a nada de llegar», mientras la presencia de las autoridades es nula.
Dijeron que desde que se enteraron de los movimientos por la mañana, dieron parte al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas y al subsecretario de Seguridad y Combate al Delito, Miguel Ángel Urrutia, pero hasta cerca de las 16:00 horas aún no había presencia policiaca.
En esta conferencia estuvo presente el director del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien reprochó el abandono al que el gobierno estatal y federal han sometido a los desplazados, sin apoyo para la renta, alimentación y sin seguridad.
Advirtió que de no ser atendida esta crisis de seguridad, está misma semana podrían tener otras dos comunidades desplazadas, además de que las 120 familias que permanecen en Chichihualco se trasladarían a la capital para instalarse en la sede de la CDHEG o el Palacio de Gobierno.